| Estado de la Libertad de Expresiуn 2011 |
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Los datos cualitativos y cuantitativos de las dificultades que enfrentan en su tarea diaria los periodistas bolivianos constan en el resumen anual elaborado por una red de monitoreo integrada por un equipo de periodistas que trabaja en las principales ciudades de Bolivia, en base a denuncias documentadas que la ANP presenta ahora y que reflejan el Estado de la Libertad de Expresión en el país. Según el balance anual de la ANP, la mayoría de esos casos, que fueron de conocimiento público, no fue debidamente esclarecida y los pocos que llegaron a tribunales no han merecido todavía fallo alguno. El análisis de esa situación parece reflejar una lamentable falta de interés no sólo para aclarar lo sucedido sino sobre todo para sancionar a los responsables de agresiones violentas a periodistas en el ejercicio de sus tareas informativas. Los datos de la ANP señalan que, en relación al 2010, el número de casos de agresiones físicas subió de 13 a 19. De persistir un aumento de esa naturaleza, se marcaría una peligrosa tendencia de sectores en conflicto a descargar su enojo, justificado o no, sobre reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cumplen su tarea específica de informadores. Las agresiones físicas y verbales a los periodistas surgieron en un ambiente dominado por el discurso gubernamental contrario al trabajo de comunicadores y medios masivos de información, expresa el informe. La publicación recuerda que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García acuñaron en 2011, el mensaje que tipifica a periodistas y medios como “el principal opositor” a sus políticas de Estado.Las críticas y argumentos empleados por los funcionarios de gobierno tienden a negar una facultad del periodismo que es informar, ayudar a esclarecer hechos de interés público, indagar y comentar, tal como expresa la Constitución Política del Estado (CPE). Sin esos atributos, la prensa terminaría en el triste papel de propagandista del gobierno, y esa no es la función de los medios. Aunque el propio presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, expresó a directivos de organizaciones periodísticas que no alentará la modificación de la Ley de Imprenta, en una reunión realizada en Palacio de Gobierno el pasado 14 de febrero de 2012, su cuestionamiento casi permanente al trabajo informativo de medios independientes no ha declinado y refuerza una actitud y conducta contestataria de algunas organizaciones sociales oficialistas hacia las tareas y funciones específicas de los medios de comunicación en general. Frente a esa situación, la sociedad civil clama por la preservación y defensa de su derecho constitucional a las libertades de información, expresión y opinión que constituyen la base de una democracia plena y participativa. Juan León Cornejo Director Ejecutivo de la ANP Los agresores de periodistas Del total de agresiones, 19 corresponden a hechos violentos inferidos contra periodistas, fotógrafos, camarógrafos de televisión, según los datos de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia de la ANP. Entre los responsables de las agresiones físicas a periodistas se menciona a sindicalistas, choferes, personas particulares, lecheros, loteadores de tierras, entrenadores de fútbol, policías, padres de familia y hasta activistas de derechos humanos. Tras analizar la acción de ciudadanos que responden a intereses diversos, la ANP considera que la intolerancia se apodera de diversos escenarios donde, en lugar del diálogo, se practica la violencia para resolver conflictos, y en esas pugnas los periodistas y medios de información se convierten en víctimas. La ANP considera urgente recuperar las garantías comprendidas en derechos de carácter “inviolable, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos” que el Estado “tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”, según el artículo 13 de la Carta Magna. En el capítulo tercero se reconoce a todo ciudadano y ciudadana bolivianos los derechos a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Del mismo modo, se garantiza el acceso a la información, a interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. El capítulo séptimo es más específico cuando señala que “el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”, y el “derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información”, además de otorgar el derecho a la rectificación, a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. La ANP reiteró su reclamo enérgico para el esclarecimiento del asesinato del periodista Carlos Quispe, quien a fines de marzo de 2008, cayó víctima de la brutal golpiza ejercida por comunarios opositores al alcalde de la población de Pucarani, en el altiplano de La Paz. De ese trágico suceso han transcurrido cuatro años en medio de un inexplicable silencio. Golpes para silenciar a la prensa El 25 de septiembre de 2011, los periodistas, fotógrafos y camarógrafos que cubrían la violenta acción policial contra marchistas indígenas, en la región de Yucumo (Beni) sufrieron agresiones físicas, amenazas e intimidación. Relatos y testimonios de periodistas entrevistados en la zona del conflicto, informaron que su trabajo fue impedido por personal uniformado en una abierta violación a los derechos fundamentales de la libre expresión y acceso a la información. La agresión a los enviados de medios de comunicación no fue investigada y menos sancionada, al igual que muchos casos registrados por la ANP en su informe anual. La furia de los encargados del orden público también quedó impresa en un enfrentamiento con maestros rurales, en la región de Apacheta, departamento de La Paz, el 15 de abril, cuando fotógrafos de periódicos y agencias de noticias sufrieron el destrozo y sustracción de sus equipos de fotografía. El vicepresidente, Álvaro García, ofreció disculpas por las agresiones policiales pero no se identificó a los responsables de esos hechos. Dos medios de comunicación, un canal de televisión y una radioemisora, instalados en la población cruceña de Yapacaní, fueron destruidos por grupos afines al gobierno en represalia a las críticas y denuncias realizadas a la gestión municipal. El hecho registrado el pasado 15 de noviembre, quedó sin sanción. En julio pasado, el director del periódico El Sol de Pando, Wilson García, Mérida acusó al gobernador del departamento de Pando, Luis Flores Roberts, de haber instruido el secuestro de dos mil ejemplares del número 22 de la publicación para evitar la difusión de una noticia en la que se mencionaban irregularidades en la gestión de la autoridad. La denuncia no mereció atención del gobierno y del Defensor del Pueblo, según Mérida, y el caso pasó al olvido. En noviembre de 2011, la periodista Mónica Oblitas buscó refugio para su hijo en un país extranjero, tras sufrir una sostenida campaña de amenazas anónimas, como efecto de la denuncia sobre corrupción en una oficina de medicina forense en la ciudad de El Alto. Otros incidentes menores también quedaron sólo en los registros, a falta de denuncia, por el abandono de los casos o la retardación de justicia. La denuncia, el mejor castigo La ANP considera que hasta ahora, la denuncia, registro y recuento de los casos de agresiones físicas y verbales representa la mayor sanción social frente al poco interés del gobierno, fiscales y jueces por esclarecer los hechos denunciados, pese a la obligación señalada por la Constitución para proteger los derechos ciudadanos a la comunicación y a la información, ambos comprendidos en los derechos humanos de carácter universal. Los incidentes de acoso judicial o administrativo, denunciados en siete oportunidades, muestran un creciente interés de algunos fiscales por llevar como testigos de tráfico de estupefacientes, incidentes o hechos de violencia a periodistas, vulnerando principios que protegen el trabajo de los comunicadores. Los casos registrados no prosperaron por la denuncia de medios y periodistas sobre el desconocimiento de los administradores de justicia sobre la vigencia del secreto de imprenta. En el otro frente, dos magistrados expresaron reconocimiento pleno y validez a la Ley de Imprenta y desistieron de procesar a periodistas en las ciudades de Sucre y Potosí. El 11 de mayo de 2011, la jueza de instrucción Tercera en lo Penal de la Capital de la República, Ximena Mendizábal, determinó que el periodista Roger Jesús González, acusado de promover la quema de una instalación policial en noviembre de 2007, sea juzgado con la Ley de Imprenta. La ANP destacó el pasado 5 de abril de 2011, la decisión del fiscal de materia de la ciudad de Potosí, Antonio Leniz, por hacer declinado competencia para iniciar una querella por desacato contra el periodista de Radio Kollasuyo, Mario Caro, al estar vigente la Ley de Imprenta, defendida por el periodismo boliviano. Clasificación de alertas difundidas por la Unidad de Monitoreoy Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia 2011
Fuente: Unidad de Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia de la ANP |
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