Al Señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), don José Miguel Insulza.

En la certeza de que la Libertad de Expresión es sustento de la democracia, sobre todo en países como el nuestro, donde las dictaduras militares conculcaron ese Derecho Humano fundamental por un largo y tenebroso período, las organizaciones de prensa del Estado Plurinacional de Bolivia manifiestan su profunda preocupación por la posible aprobación de algunas  reformas, durante la 42 Asamblea General de Cancilleres, propuestas por algunos países y que tiene relación con el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concretamente con la Relatoría para la Libertad de Expresión.

De acuerdo a documentos de conocimiento público, dichas reformas estarían dirigidas a incorporar todos los informes de las Relatorías en un solo capítulo dentro del informe anual de la CIDH; asignación recursos "adecuados, suficientes y balanceados" a todas las Relatorías, grupos de trabajo y unidades de la Comisión, y al establecimiento de un Código de Conducta que regule la gestión de las Relatorías a fin de asegurar coordinación entre dichos mecanismos y los Estados miembros.

Pese a sus aparentes bondades, esa propuesta motiva inquietud en nuestras organizaciones porque, en nuestro entender, lejos de fortalecer el desempeño de la CIDH, y en particular el de la Relatoría para la Libertad de Expresión, determinarán en la práctica su debilitamiento, lo cual pondría en serio riesgo la defensa de la Libertad de Expresión en el hemisferio.

Nuestras observaciones se soportan en la evidencia que muestra a la Relatoría para la Libertad de Expresión como la instancia de mayor actividad hecho que repercute en un volumen mayor de gastos de operación. La presentación de un informe anual en cuerpo independiente al de las otras Relatorías, por otra parte, no sólo le permite mayor visibilidad, sino que refleja de manera objetiva la importancia y la trascendencia de su tarea específica en la preservación de la Libertad de Expresión.

Por otra parte, las organizaciones gremiales y laborales de la prensa de Bolivia consideran que un Código de Conducta debería ser escrito y aplicado para prevenir las transgresiones a los Derechos Humanos y no para los organismos que se encargan de velar por vigencia y respeto de esos derechos.

Por lo expuesto, señor Secretario General, recurrimos a su alta jerarquía dentro de la OEA para hacerles llegar, a los señores Cancilleres que participan en la Asamblea General que se reúne en Cochabamba, nuestra inquietud y rechazo a las propuestas de referencia, con el ferviente pedido de que sean descartadas por considerarlas dañinas para la Libertad de Expresión y la preservación  de la democracia en nuestro Hemisferio.

atentamente,

Asociación Nacional de la Prensa (ANP)

Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB)

Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)

Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA)

Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB)